El uso del derecho penal para regular el sexo, el género y la reproducción tiene una larga historia, pero en las últimas dos décadas, la expansión de las demandas en torno a los derechos sexuales y reproductivos y la movilización social creciente para promoverlos en todo el mundo han venido acompañadas de tensiones y contradicciones alrededor del rol de la ley penal en las vidas íntimas de las personas. ¿Hasta dónde la intervención de la justicia en esta esfera de la experiencia humana garantiza la autonomía y cuándo, por el contrario, refuerza estereotipos y normatividades?Así, mientras hay demandas para liberalizar prácticas que antes se penalizaban (por ejemplo, las relaciones sexuales extramatrimoniales) también se promueve penalizar prácticas que antes no se sancionaban (por ejemplo, las relaciones sexuales forzadas dentro del matrimonio). Y mientras en algunos países se impulsa la pena de muerte para los homosexuales, en otros se la intenta imponer para quienes los asesinan. El aborto y los derechos reproductivos, el HIV, el trabajo sexual y la prostitución, el tráfico de personas, la violencia sexual en todos los géneros, las sexualidades diversas son todos campos en los que el activismo judicial enfrenta desafíos que lo interpelan profundamente.En este libro, que reúne a las voces más destacadas en los debates feministas contemporáneos y viene a llenar un vacío de textos en español sobre este tema, se analiza cómo el derecho penal se ha utilizado para producir modelos normativos de sexualidad, género y reproducción, y, a la inversa, cómo algunas herramientas jurídicas pueden usarse para alterar esa norma. Académicos, académicas, promotores y promotoras de los derechos humanos de todo el mundo escriben desde diversas disciplinas, geografías y espacios de acción (los derechos de las mujeres, de las personas homosexuales, de los trabajadores y trabajadoras del sexo, el activismo en torno al HIV) para coincidir en un punto: no se pueden ignorar las profundas fallas en el funcionamiento de la justicia penal cuando lo que está en juego es la vida íntima, pero tampoco renunciar a ella si se pretende ampliar derechos.

Alice M. Miller es codirectora de la Asociación Mundial de Justicia Sanitaria en la Universidad de Yale, investigadora asociada de derechos humanos internacionales en la Facultad de Derecho de Yale, profesora adjunta en la Escuela de Salud Pública de Yale y profesora numeraria en el Instituto Jackson para Asuntos Globales de la misma universidad.Mindy Jane Roseman es directora del Programa Gruber para la Justicia Internacional y los Derechos de las Mujeres, y de los Programas Internacionales de Derecho de la Facultad de Derecho de Yale.